Hay algo que los regímenes autoritarios no toleran: la prensa vigilante. El periodismo, por definición, es el antídoto más eficaz contra los abusos de poder, por eso, es incómodo para los dictadores en ciernes. Lo saben bien Daniel Ortega en Nicaragua, Nayib Bukele en El Salvador, y ahora, preocupantemente, lo empieza a demostrar Gustavo Petro en Colombia.
Veamos el caso de Ortega. Su ofensiva contra los medios ha sido despiadada: 54 medios cerrados, redacciones allanadas, periodistas encarcelados o forzados al exilio. Por su parte en El Salvador, Bukele ha instaurado un aparato propagandístico paralelo, hostil a los medios independientes, mientras refuerza el control estatal sobre la narrativa pública. Y ahora, en Colombia, Gustavo Petro sigue esa ruta con una estrategia más sutil -por ahora-pero no menos peligrosa.
En recientes intervenciones en cadena nacional, Petro no solo acusó a los medios de manipular las cifras de homicidios, sino que se presentó como víctima de censura y conspiraciones, utilizando el prime time de los canales privados para desplegar su mensaje personal. Lo paradójico es que, mientras denuncia ser censurado, impone por la fuerza sus alocuciones a medios que no son públicos. ¿No le basta con Canal Institucional, Señal Colombia, las emisoras públicas y los canales digitales de la Presidencia?
La incoherencia salta a la vista: Petro, que tanto critica a la empresa privada —y en particular a los medios—, ahora se vale de esas plataformas para aumentar su alcance con fines proselitistas. Una estrategia disfrazada de “informes institucionales”, pero cuyo verdadero objetivo es posicionar su figura y su narrativa, con recursos públicos y a costa de los derechos informativos de los ciudadanos.
Lo advertí hace tiempo en mis columnas y redes sociales, los medios correrían peligro. El presidente no defrauda, ahí va cumpliendo el manual para convertirse en tirano al pie de la letra.
Cuando un gobierno ve a la prensa como enemiga, en lugar de como contrapeso, estamos ante una amenaza a la democracia. Y hoy esa advertencia cobra forma. Petro se vale de trampas legales y la vetusta reglamentación de medios que nos rige, para ocupar espacios informativos que deberían estar regidos por criterios periodísticos, no por las urgencias políticas del poder.
La captura de los medios públicos por parte del gobierno ya es vulgar. El intento de someter también a los privados, interrumpiendo su programación, en el horario estelar, para imponer una narrativa oficialista, es el siguiente paso. ¿Qué viene después? ¿El silenciamiento selectivo? ¿El uso de organismos del Estado para disciplinar a las voces críticas? La historia latinoamericana está llena de precedentes, y ninguno terminó bien.
Los ciudadanos debemos estar alertas. Una prensa libre es la que incomoda, y en todo caso, no es una concesión del poder, sino, un derecho de la sociedad.
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