La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha publicado un proyecto de resolución con el que busca actualizar las condiciones del servicio de radiodifusión sonora en Colombia. A primera vista, parece un intento loable por responder a las transformaciones del ecosistema mediático. Sin embargo, una lectura crítica deja ver que se trata más de una reorganización normativa, que de una reforma prospectiva. Lejos de proponer un cambio de fondo, la resolución compila lo establecido en la Resolución 2614 de 2022 del MinTIC, armoniza conceptos ya existentes, sin comprometerse con una transformación estructural.
El documento reconoce, dientes para afuera, la urgencia de adecuar el marco normativo a un entorno digital y convergente. Sin embargo, no establece una hoja de ruta concreta hacia la digitalización de la radio terrestre ni menciona incentivos reales para que las emisoras locales o comunitarias puedan migrar tecnológicamente. La palabra “digital” aparece como promesa, no como política.
Más preocupante aún es la persistencia de un marco regulatorio asimétrico frente a los actores que compiten por la atención y la publicidad del oyente. Mientras las emisoras deben cumplir con licencias, requisitos técnicos y cargas administrativas, plataformas como Spotify, YouTube o los pódcast operan al margen de esa normativa. Sin embargo, el problema no se resuelve simplemente extendiendo la regulación tradicional a las OTT. Hacerlo sería desconocer la lógica misma de internet en detrimento del desarrollo tecnológico y sus formas narrativas. El verdadero reto es pensar un nuevo marco que reconozca la especificidad de cada actor, sin poner en desventaja a quienes operan desde lo local ni permitir que los gigantes digitales compitan sin reglas claras.
Tampoco hay mecanismos efectivos que reconozcan el rol social de la radio local. Aunque el informe técnico que acompañó la propuesta destaca que el 96 % de las emisoras tienen cobertura exclusivamente local, el nuevo texto normativo no incluye criterios diferenciados de protección o fomento para este tipo de medios.
Lo que la resolución propone, en esencia, es una reorganización de términos y condiciones sin comprometerse con una transformación profunda. No proyecta el camino hacia la radio digital terrestre. Mientras en otros países ya han avanzado con normativas y planes de migración tecnológica, como el uso del estándar DAB+ en Europa o ISDB-TSB en Brasil, Argentina, Chile solo por mencionar algunos de este lado del planeta, en Colombia la digitalización del transporte de señ apenas se menciona en un proyecto de “actualización normativa” en el que, en realidad, se refuerzan procedimientos administrativos, se introducen precisiones formales, pero se elude el debate estructural sobre el lugar que debe ocupar la radio en la era digital.
Infortunadamente los medios solo le importan a los gobernantes como amplificadores de su mensaje político.
Nos vemos en la red (0).
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