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Noticia-trampa

“#Nación. Madre de niño presuntamente abusado por Freddy Castellanos hizo grave denuncia contra docentes: ‘Si no comes, te llevo’.” – Semana.

“Es un alimento que comúnmente muchas personas ingieren, le contamos de cuál se trata en el primer comentario.” – El Tiempo.

 

Estas frases no son una excepción: son el síntoma de una tendencia que se está generalizando en el periodismo, incluso en los medios que se han considerado “serios”. Titulares que no informan, sino que atrapan; preguntas con respuestas diluidas, diseñadas para retener al lector. Lo llaman clickbait, pero deberíamos decirlo sin rodeos: es una trampa.

 

La lógica del clickbait es sencilla y peligrosa: no importa que la noticia sea clara, lo importante es que el usuario haga clic. Ya no interesa que el lector entienda lo que ocurre, sino que se quede el mayor tiempo posible en la página. La información deja de organizarse según su relevancia y empieza a estructurarse en función del suspenso que pueda generar antes de soltar la respuesta. El titular se convierte en carnada, y la noticia, en un juego de escondidas.

 

Este tipo de redacción no solo degrada el oficio periodístico: también es una falta de respeto al ciudadano. Obligar a una persona a buscar entre párrafos una respuesta que debería estar en la primera línea es manipulación. Es tratar al lector como una cifra más en una métrica digital, no como alguien con derecho a estar informado de forma clara, rápida y veraz.

 

Y lo más preocupante es que esta lógica no se limita al entretenimiento. También está contaminando la cobertura política, judicial y social. Incluso los temas más graves se disfrazan con titulares ambiguos, escandalosos, vacíos. Como advierte una investigación sobre el periodismo digital: “el clickbait ha alterado los criterios de jerarquización en la prensa radial y televisiva, pues todas las notas utilizan una estructura romboide [...], cuyo objetivo principal no es dar con objetividad la noticia, sino obligar al usuario a leerla.” La forma de contar la noticia se subordina así a la lógica de la permanencia, no de la información.

El periodismo debe recuperar su función esencial: informar. Eso implica estructurar las noticias con claridad, jerarquizar lo importante y evitar disfrazar los hechos con adornos o trampas. Implica confiar en que la realidad, por dura o compleja que sea, tiene suficiente peso para captar la atención del lector. Pero, sobre todo, implica respetar su inteligencia.

 

Si aspiramos a un periodismo que sirva a la democracia y no al algoritmo, el clic no puede valer más que el contenido.

 

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Cuando la prensa incomoda

Hay algo que los regímenes autoritarios no toleran: la prensa vigilante. El periodismo, por definición, es el antídoto más eficaz contra los abusos de poder, por eso, es incómodo para los dictadores en ciernes. Lo saben bien Daniel Ortega en Nicaragua, Nayib Bukele en El Salvador, y ahora, preocupantemente, lo empieza a demostrar Gustavo Petro en Colombia.

 

Veamos el caso de Ortega. Su ofensiva contra los medios ha sido despiadada: 54 medios cerrados, redacciones allanadas, periodistas encarcelados o forzados al exilio. Por su parte en El Salvador, Bukele ha instaurado un aparato propagandístico paralelo, hostil a los medios independientes, mientras refuerza el control estatal sobre la narrativa pública. Y ahora, en Colombia, Gustavo Petro sigue esa ruta con una estrategia más sutil -por ahora-pero no menos peligrosa.

 

En recientes intervenciones en cadena nacional, Petro no solo acusó a los medios de manipular las cifras de homicidios, sino que se presentó como víctima de censura y conspiraciones, utilizando el prime time de los canales privados para desplegar su mensaje personal. Lo paradójico es que, mientras denuncia ser censurado, impone por la fuerza sus alocuciones a medios que no son públicos. ¿No le basta con Canal Institucional, Señal Colombia, las emisoras públicas y los canales digitales de la Presidencia?

La incoherencia salta a la vista: Petro, que tanto critica a la empresa privada —y en particular a los medios—, ahora se vale de esas plataformas para aumentar su alcance con fines proselitistas. Una estrategia disfrazada de “informes institucionales”, pero cuyo verdadero objetivo es posicionar su figura y su narrativa, con recursos públicos y a costa de los derechos informativos de los ciudadanos.

 

Lo advertí hace tiempo en mis columnas y redes sociales, los medios correrían peligro. El presidente no defrauda, ahí va cumpliendo el manual para convertirse en tirano al pie de la letra.  

 

Cuando un gobierno ve a la prensa como enemiga, en lugar de como contrapeso, estamos ante una amenaza a la democracia. Y hoy esa advertencia cobra forma. Petro se vale de trampas legales y la vetusta reglamentación de medios que nos rige, para ocupar espacios informativos que deberían estar regidos por criterios periodísticos, no por las urgencias políticas del poder.

 

La captura de los medios públicos por parte del gobierno ya es vulgar. El intento de someter también a los privados, interrumpiendo su programación, en el horario estelar, para imponer una narrativa oficialista, es el siguiente paso. ¿Qué viene después? ¿El silenciamiento selectivo? ¿El uso de organismos del Estado para disciplinar a las voces críticas? La historia latinoamericana está llena de precedentes, y ninguno terminó bien.

 

Los ciudadanos debemos estar alertas. Una prensa libre es la que incomoda, y en todo caso, no es una concesión del poder, sino, un derecho de la sociedad. 

 

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RADIO-grafía II

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha publicado un proyecto de resolución con el que busca actualizar las condiciones del servicio de radiodifusión sonora en Colombia. A primera vista, parece un intento loable por responder a las transformaciones del ecosistema mediático. Sin embargo, una lectura crítica deja ver que se trata más de una reorganización normativa, que de una reforma prospectiva. Lejos de proponer un cambio de fondo, la resolución compila lo establecido en la Resolución 2614 de 2022 del MinTIC, armoniza conceptos ya existentes, sin comprometerse con una transformación estructural. 

 

El documento reconoce, dientes para afuera, la urgencia de adecuar el marco normativo a un entorno digital y convergente. Sin embargo, no establece una hoja de ruta concreta hacia la digitalización de la radio terrestre ni menciona incentivos reales para que las emisoras locales o comunitarias puedan migrar tecnológicamente. La palabra “digital” aparece como promesa, no como política.

 

Más preocupante aún es la persistencia de un marco regulatorio asimétrico frente a los actores que compiten por la atención y la publicidad del oyente. Mientras las emisoras deben cumplir con licencias, requisitos técnicos y cargas administrativas, plataformas como Spotify, YouTube o los pódcast operan al margen de esa normativa. Sin embargo, el problema no se resuelve simplemente extendiendo la regulación tradicional a las OTT. Hacerlo sería desconocer la lógica misma de internet en detrimento del desarrollo tecnológico y sus formas narrativas. El verdadero reto es pensar un nuevo marco que reconozca la especificidad de cada actor, sin poner en desventaja a quienes operan desde lo local ni permitir que los gigantes digitales compitan sin reglas claras.

Tampoco hay mecanismos efectivos que reconozcan el rol social de la radio local. Aunque el informe técnico que acompañó la propuesta destaca que el 96 % de las emisoras tienen cobertura exclusivamente local, el nuevo texto normativo no incluye criterios diferenciados de protección o fomento para este tipo de medios. 

 

Lo que la resolución propone, en esencia, es una reorganización de términos y condiciones sin comprometerse con una transformación profunda. No proyecta el camino hacia la radio digital terrestre. Mientras en otros países ya han avanzado con normativas y planes de migración tecnológica, como el uso del estándar DAB+ en Europa o ISDB-TSB en Brasil, Argentina, Chile solo por mencionar algunos de este lado del planeta, en Colombia la digitalización del transporte de señ apenas se menciona en un proyecto de “actualización normativa” en el que, en realidad, se refuerzan procedimientos administrativos, se introducen precisiones formales, pero se elude el debate estructural sobre el lugar que debe ocupar la radio en la era digital.

 

Infortunadamente los medios solo le importan a los gobernantes como amplificadores de su mensaje político.

 

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RADIO-grafía

En medio de la expansión de plataformas digitales, donde la atención se fragmenta entre redes sociales, pódcast y música por streaming, la radio en Colombia sigue resistiendo. Pero esa resistencia no es sinónimo de estabilidad. El más reciente estudio técnico publicado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ofrece una mirada del estado actual de la radiodifusión sonora en el país, revelando un medio que se encuentra en una encrucijada entre la tradición y la urgencia de modernización.

Uno de los datos más reveladores del documento es que el 96 % de las emisoras en el país tienen cobertura exclusivamente local. Esto confirma lo que muchos intuimos: la radio sigue siendo, ante todo, un medio de cercanía. En las regiones más apartadas del país, donde el acceso a internet es limitado o inestable, la radio continúa siendo un canal fundamental para acceder a la información, la cultura y el entretenimiento.

En términos de tecnología, el predominio de la frecuencia modulada (FM) es evidente. El 60 % de los concesionarios opera exclusivamente con esta tecnología, mientras que solo un 2,6 % mantiene transmisiones únicamente en amplitud modulada (AM), una tecnología que lentamente se desvanece. Un 7,4 % combina ambas modalidades. Esta transición, aunque natural, deja preguntas sobre el destino de las emisoras más rezagadas tecnológicamente, muchas de ellas con vocación comunitaria o cultural.

 

El documento también subraya una de las principales tensiones del sector: la asimetría entre la radio tradicional y los servicios de audio en línea. Mientras las emisoras deben obtener licencias, cumplir con requisitos técnicos y asumir obligaciones legales, plataformas como Spotify, YouTube o los pódcast operan sin ese marco regulatorio. Esto desequilibra la competencia y pone en riesgo la sostenibilidad de muchas emisoras, especialmente las pequeñas o regionales.

 

Desde el punto de vista económico, según la CRC, el panorama también es desigual. Aunque la radio aún capta una fracción de la inversión publicitaria, los ingresos se concentran en pocas emisoras de gran alcance. Las radios locales, a pesar de su importancia social, sobreviven con presupuestos reducidos y escasas posibilidades de innovación tecnológica o expansión de su audiencia.

 

El comportamiento de los oyentes ha sido notablemente estable. A lo largo de los últimos tres años, la preferencia por emisoras locales ha persistido, lo que demuestra que, más allá de las modas digitales, hay un público que sigue valorando la conexión territorial que ofrece la radio.

 

Respecto a la evolución del medio, el documento técnico publicado por la CRC reconoce la importancia de la radio digital terrestre, pero también deja claro que no existe una hoja de ruta concreta en Colombia. Lo plantea como una necesidad futura, dependiente de condiciones económicas, regulatorias y sociales que aún no se han resuelto.

 

En la próxima columna, analizaremos qué propone la nueva regulación de la CRC y si efectivamente busca modernizar la radio para beneficio colectivo, o si abre la puerta a otras agendas.

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