La Sesión de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Ha emitido una resolución en la que establece que los operadores del servicio público de tv deberán adoptar mecanicismos de participación ciudadana para el diseño de sus parrillas de programación. Esto sin intervenir en el derecho que les asiste a los canales de implementar sus contenidos de manera autónoma y libre.
Según la CRC “estos mecanismos buscan asegurar que el público tenga la oportunidad de influir, opinar y participar de manera significativa en las decisiones relacionadas con la programación y los contenidos transmitidos”.
En un ejercicio de planeación de carácter académico, diría yo, el artículo 15.3.1.2 de la resolución 7348, propone niveles de compromiso o intervención que van desde la participación más profunda, denominada “empoderar” hasta la más básica que es “involucrar”.
Respecto al nivel denominado “empoderamiento”, la CRC propone, por ejemplo: Procesos de co-creación de contenidos con la ciudadanía o la conformación de equipos editoriales que tengan la capacidad de influir en temas, proyectos y contenidos.
En cuanto al nivel intermedio de participación, denominado “Colaborar”, la CRC plantea la opción de emitir contenidos realizados por la ciudadanía. También, la promoción de contenidos digitales de prosumidores ciudadanos y finalmente el involucramiento de la comunidad (entendería yo que la gente del común, no productores audiovisuales, quienes también son ciudadanos)en los procesos de producción.
El último de los niveles lo denominan “Involucrar”, en este se contemplan estrategias como participación de la ciudadanía por redes sociales, espacios virtuales que le den pantalla a los ciudadanos, actividades como eventos académicos o mediáticos e interacción a través de las plataformas de comunicación disponibles.
Para la implementación de estos procesos la CRC estableces plazos, niveles de exigencia según la cobertura y capacidad de los operadores del servicio de televisión y la obligatoriedad de informes periódicos de ejecución.
En mi criterio, la iniciativa es positiva en la medida en que amplía la posibilidad de tener nuevas perspectivas al aire, sin embargo, puede ser burlada, debido a que las exigencias pueden darse por cumplidas con acciones mínimas.
Por otro lado, existe un riego muy grande de intervención de oportunistas que, amparados en los nuevos derechos, exijan uso de los espacios ciudadanos para el beneficio político o financiero de grupos específicos. No hay que ir muy lejos, basta con mirar lo que sucede con la televisión y la radio comunitaria. Queda también abierto el bache, del que ya se tienen algunos antecedentes, del abuso de “veedores ciudadanos” que amparados en este tipo de reglamentaciones quieren apropiarse de espacios para su proyección personal. Aclarando que no es el actuar de todos sino de algunos que hace mal uso de la figura.
Ya veremos en la aplicación si logra dar pantalla a la ciudadanía o si se convierte en un requisito más para los operadores que, día a día, deben luchar por mantener la audiencia, lo que implica la producción de contenidos profesionales y atractivos.
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