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martes, 4 de febrero de 2025

Propaganda con piel de pluralismo

 En América Latina, la comunicación alternativa ha sido históricamente una herramienta para amplificar voces marginadas. Sin embargo, cuando los gobiernos intervienen para moldear esos relatos, la narrativa deja de ser diversa y se convierte en propaganda. Ejemplo de ello son los recientes encuentros internacionales organizados por los gobiernos de Venezuela y Colombia, eventos que, lejos de promover el pluralismo, parecen estar diseñados para consolidar estrategias de control mediático con financiamiento público.

 

Por un lado, el gobierno de Nicolás Maduro organizó el Gran Festival Mundial Antifascista en Venezuela, con la participación de más de 2.000 delegados internacionales. La vicepresidenta Delcy Rodríguez lo describió como un esfuerzo para fortalecer la lucha contra la guerra cognitiva de los medios hegemónicos. Pero la verdadera intención detrás de este festival, pagado con la plata de los venezolanos, es consolidar un bloque mediático que impulse su discurso político y brinde legitimidad a un régimen cuestionado por violaciones de derechos humanos.

 

Previamente, en Colombia, el presidente Gustavo Petro y su administración ‘botaron la casa por la ventana’ para alinear a medios alternativos con su visión política. A través de eventos como "Uniendo Voces", realizado en Armenia, el gobierno ha canalizado más de 3.000 millones de pesos para consolidar un ecosistema mediático favorable a su gestión, eso sin contar con el uso abusivo de los medios públicos como caja de resonancia y de desinformación petrista. -Ahora que Petro se compara con los personajes garciamarquianos, era Crónica de una muerte anunciada-

 

La estrategia, que en apariencia es un apoyo al periodismo comunitario, se convierte en una forma de influencia estatal que busca posicionar una narrativa oficialista frente a los medios tradicionales.

 

Ambos casos evidencian un patrón común: el uso de dinero público para movilizar influencers y activistas que posan de informadores, para construir redes de comunicación leales, disfrazadas de independencia. No es casualidad que estas iniciativas se den en paralelo y con invitados internacionales como el fanático ‘progresista’ exdirigente de Podemos de España, Juan Carlos Monedero. Se trata de una estrategia orquestada para influir en la opinión pública más allá de sus fronteras, generando un efecto de validación mutua entre gobiernos afines.

 

La inmisión de los influencers en la política ha sido un factor clave en la expansión de estos discursos. En Argentina, por ejemplo, creadores de contenido han sido señalados por recibir financiamiento del gobierno venezolano para difundir propaganda, lo que incluso podría acarrear consecuencias legales, según varios analistas de ese país. En Colombia, las ‘bodegas’ –como se les llama a estas hordas de influencers prepagos- también juegan un papel crucial en esta estrategia al promover el relato oficialista en plataformas digitales, para lo cual el gobierno destina recursos significativos en entidades del Estado. Muchos de estos influenciadores no tienen título profesional, pero sí un abultado número de seguidores.

 

Esta instrumentalización de la comunicación representa un problema serio para la democracia. Lejos de fomentar el pluralismo, estas acciones general ruido y, como sabemos los comunicadores, el ruido es una interferencia que distorsiona el mensaje y confunde a la sociedad. En democracia, ese ruido no es casual: se usa para desviar la atención, sembrar caos y desconfianza, además de fragmentar el debate público.

 

(Nos vemos en la red (0).

 

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