En los últimos días, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) desató una tormenta mediática tras enviar una carta a varios medios solicitando información sobre sus políticas editoriales, criterios de selección de contenidos y actas de consejos de redacción. La reacción fue inmediata: gremios, periodistas y la Defensoría del Pueblo interpretaron el requerimiento como un intento de censura o control estatal sobre la prensa.
Conviene, sin embargo, hacer una pausa. La CRC es un organismo técnico y algunos demiembros provienen del ámbito académico. Su interés parece haber estado más cerca de lo pedagógico que de lo punitivo: obtener insumos para analizar buenas prácticas mediáticas y fortalecer la formación de audiencias críticas. Desde esa óptica, la intención pudo ser ingenua, pero no necesariamente maliciosa.
El problema radica en el contexto político. En un gobierno permanentemente enfrentado con los medios —con declaraciones presidenciales que descalifican a la prensa privada y voces oficialistas que han llegado a hablar de expropiaciones amedios— cualquier iniciativa que toque la autonomía informativa se lee, inevitablemente, como una amenaza. La sospecha política devora la buena intención técnica.
Para entender el episodio conviene aclarar algunos términos.
Una política editorial es el conjunto de principios que orientan las decisiones de un medio: qué se publica, con qué enfoque y bajo qué estándares éticos. Esta se aplica en los consejos de redacción, que son espacios internos donde periodistas y editores discuten la agenda informativa, evalúan fuentes y definen tratamientos de los temas.
De esta manera se aplican los criterios de selección de contenidos, que son los parámetros que determinan qué información se considera relevante para el público, procurando equilibrio, veracidad y pluralidad.
Exponer públicamente los criterios editoriales de un medio no es un asunto menor. Implica revelar los mecanismos internos con los que se decide qué informar, cómo hacerlo y desde qué enfoque, lo cual puede poner en riesgo la independencia periodística. Si esos lineamientos llegan a manos de actores políticos o económicos interesados, podrían usarse para presionar, anticipar o manipular la agenda informativa. Además, al hacer visibles los debates internos de una redacción, donde se discuten temas sensibles o fuentes confidenciales, se debilita la autonomía necesaria para ejercer un periodismo crítico y libre. De eta manera lo que para una entidad técnica y autónoma puede parecer un ejercicio de transparencia, para un medio significa abrir la puerta a formas sutiles de control o autocensura.
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