En la columna anterior, planteé que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) busca justificar la actualización normativa en materia de contenidos de televisión. Lo hace mediante un estudio que inicialmente abordé con fines estrictamente disciplinares y académicos, pero que me comenzó a generar suspicacias políticas por la manera en que, en mi criterio, se forzó, en un contrato ya existente, un nuevo objetivo de investigación donde se incluyen temas que curiosamente (!) tienen que ver con un posible control a los contenidos en televisión, en un momento en que el gobierno está inconforme con la información que circula en los medios.
Hay que decir que urge una regulación actualizada en materia de contenidos audiovisuales debido a los profundos cambios de tecnología y uso de los medios, pero no de manera tan puntual como lo plantea la CRC.
Por otro lado, también me genera suspicacia el hecho de que el estudio lo haya realizado el CNC, misma firma que citó hace apenas unos días el presidente Petro para controvertir las encuestas que demuestran que su popularidad está por el piso. ¡Qué coincidencia!
Para ir a las conclusiones del estudio, recordemos el objetivo general del proyecto: “Actualizar la regulación vigente en materia de protección al televidente y participación ciudadana, propendiendo por el pluralismo y la imparcialidad informativa.” Este objetivo se alcanzaría a partir de los resultados de los objetivos específicos, que a su vez se reflejan es las siguientes categorías:
Participación Ciudadana: El estudio plantea la limitada participación ciudadana de los televidentes debido a la falta de interés y desconocimiento de los mecanismos de participación y sugiere a la CRC revisar los mecanismos de atención a los televidentes. Nada nuevo.
Información al televidente: Según el documento, no hay consenso sobre la importancia de la información proporcionada sobre clasificación por edad, tipo de contenido, escenas y lenguaje en la selección de programas, aunque algunos televidentes consideran relevante esta información y toman acciones al respecto. Además, se destaca la necesidad de brindar información oportuna sobre cambios en la programación y canales. Sugieren que la CRC debe evaluar medidas regulatorias o de sensibilización para garantizar la información adecuada a los televidentes. Con esto se deja justificada la necesidad de intervenir los contenidos. ¿Control previo? A pesar de que los hallazgos son de Perogrullo.
Defensoría del televidente: Los resultados del estudio revelan un desempeño moderado del Defensor del Televidente, con baja penetración y atención a las quejas. Por esto recomiendan promover su difusión en canales digitales y evaluar nuevos mecanismos de participación. También sugieren transmitirlo en horarios diurnos y fines de semana.
Percepción de la responsabilidad de los operadores del servicio de televisión al momento de programar y emitir contenido: El 69% de los encuestados considera que los operadores de televisión programan responsablemente. Es decir, que la mayoría no considera que estén siendo usados los medios audiovisuales para desinformar o con fines politiqueros. En esta conclusión sugieren que se debe revisar el código de autorregulación de los canales, que fue declarado nulo por el Consejo de Estado.
Las conclusiones no hacen un verdadero aporte al objetivo general del proyecto, puesto que no entregan información relevante que permita definir la necesidad de ejercer “control de contenidos” que es el único elemento que amerita análisis en el estudio.
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