Con la instalación del nuevo Congreso parece pertinente mirar hacia un viejo proyecto: la ley de inteligencia artificial, que Lleva más de un año recorriendo el trámite legislativo sin convertirse todavía en norma, tiempo suficiente para que el país hubiera madurado el debate. Sin embargo, da la impresión de que seguimos discutiendo la pregunta equivocada: cómo regular una tecnología que Colombia todavía ni siquiera sabe producir.
Lo curioso es que el propio Gobierno ya había hecho un diagnóstico mucho más sensatosobre la el papel de la IA en Colombia. En febrero de 2025 aprobó el CONPES 4144, la nueva Política Nacional de Inteligencia Artificial, y allí reconoció que el principal problema de Colombia no es el exceso de IA, sino la falta de capacidades para desarrollarla y aprovecharla. El documento identifica baja inversión en investigación, escasez de talento digital, infraestructura computacional insuficiente, poca disponibilidad de datos de calidad y bajo nivel de adopción empresarial de esta tecnología.
La conclusión del CONPES es que el país necesita crear condiciones para investigar, innovar, formar talento y usar la IA de manera ética y sostenible. Por eso organiza la política alrededor de seis ejes, donde la mitigación de riesgos es apenas uno entre varios componentes de una estrategia más amplia de desarrollo tecnológico.
Sin embargo, tres meses después, el Gobierno radicó en el Senado un proyecto de ley que parece partir de una premisa distinta: que el principal desafío nacional consiste en controlar una tecnología potencialmente peligrosa. El texto propone clasificar los sistemas de IA según niveles de riesgo, imponer obligaciones de transparencia, crear mecanismos de supervisión y establecer procedimientos y sanciones por afectaciones a derechos fundamentales. Además, toma como referencia explícita la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y su arquitectura regulatoria basada en categorías de riesgo.
Vale la pena preguntarse ¿En qué están pensando realmente los legisladores?
Porque una cosa es proteger derechos fundamentales y otra muy distinta es importar el marco regulatorio de Bruselas como si Colombia fuera una potencia tecnológica comparable a Alemania o Francia. La Unión Europea regula una industria que produce modelos, plataformas y servicios de IA a escala global. Colombia, en cambio, todavía está tratando de construir infraestructura, formar ingenieros y lograr que las empresas usen herramientas básicas de automatización.
Es como si un país sin astilleros decidiera empezar por regular la exportación de portaaviones.
Y allí aparece una contradicción que el propio Estado no parece advertir. El diagnóstico técnico indica que "necesitamos capacidades", en contradicción con la propuesta legislativa que manifiesta que "necesitamos controles". El riesgo de esa inversión de prioridades es gigante. Una regulación compleja puede ser manejable para las grandes multinacionales tecnológicas, pero suele convertirse en una barrera para universidades, startups y pequeñas empresas locales, que son precisamente las que el CONPES pretende fortalecer.
Tanto el proyecto de ley como buena parte del debate público colombiano parecen obsesionados con los escenarios más alarmistas: vigilancia biométrica, manipulación masiva, decisiones automatizadas opacas. Esos riesgos existen y deben ser atendidos, pero no son hoy el problema más urgente del país en términos de IA.
El Congreso todavía está a tiempo de corregir el rumbo. La cuestión no debería ser cómo adaptar la regulación europea, sino cómo diseñar un marco proporcional al estado real del ecosistema colombiano. Una buena ley de IA para Colombia tendría, a mi juicio, dentro de sus prioridades: Presupuesto, fortalecer talento, facilitar experimentación responsable y proteger derechos en usos sensibles como salud, empleo y seguridad. Lo demás puede desarrollarse gradualmente, a medida que exista una industria nacional que valga la pena regular.
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